El juez de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha solicitado a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica o alcaldes de localidades como Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid que elaboren diversos listados y aporten datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.
El magistrado requiere a la Conferencia Episcopal que comunique a todas y cada una de las parroquias de España --un total de 22.827-- que permitan el acceso a la Policía Judicial para que ésta identifique a posibles víctimas desaparecidas a partir del "alzamiento nacional" a través de los libros de difuntos de los que dispongan.
Los colectivos que impulsan esta iniciativa son la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra y las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía, Valencia, Cataluña, Aragón, Mallorca, Valladolid, Ponteareas (Pontevedra), Sierra de Gredos y Toledo y Arucas (Gran Canaria).
