Soy católico. Como tal, estoy dispuesto a creer que el aborto es un pecado.Pero antes soy ciudadano y demócrata. Y como tal, no estoy dispuesto a creer ni a admitir que el aborto tenga que ser un delito.
Como creyente, se me puede exigir que mi vida personal responda a los criterios morales derivados de mi fe. Pero como representante de los ciudadanos no se me puede exigir que pretenda imponer esos criterios por ley a toda la sociedad. Más bien se me tiene que exigir lo contrario: que defienda el derecho de todas las personas a vivir de acuerdo con sus propios valores, religiosos o de cualquier otro tipo.
La confusión entre pecado y delito, la idea obsoleta de que el Estado debe actuar como brazo ejecutor de la doctrina de la Iglesia, la injusta pretensión de obligar a todos a vivir según las creencias de algunos, la nunca abandonada aspiración de hegemonizar moralmente a la sociedad a través de las leyes, es la causa principal de que muchos sigan viendo hoy a la Iglesia Católica como un instrumento de opresión.
Y además, ha quedado lejos en la historia. Cuando Azaña pronunció su famosa frase: España ha dejado de ser católica, no quería decir que los españoles hubieran perdido la fe, sino que la religión había regresado al ámbito del que nunca debió salir, el de las convicciones íntimas y privadas, y que en el Estado moderno no hay ninguna posibilidad de aceptar que una doctrina religiosa dicte las leyes que afectan a todos.
Pero como católico lo que más me irrita no es la deriva autoritaria de quienes pretenden que sus creencias sean ley. Lo que más me irrita es la hipocresía episcopal.Porque si el aborto es un crimen que tiene que ser perseguido, lo será de igual manera con la ley que está en vigor desde hace más de veinte años que con la que ahora propone el Gobierno. Se trataría del mismo crimen cuando gobernaba el PP y se practicaban en España más de medio millón de abortos legales cada año que cuando gobierna Zapatero.
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